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El creador de contenido mexicano Samuel Adrián fue arrestado el domingo 13 de septiembre de 2026 en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, minutos después de aterrizar en Colombia. Adrián dirigió «Colombia: fábrica de niños trans», un documental sobre tratamientos de transición de género en menores que lleva meses en el centro de una disputa judicial, mediática y política.
No se trata de una captura penal. Según confirmó la Policía de Bogotá a SEMANA, el procedimiento corresponde a una orden de arresto dictada por un juez dentro de un proceso de desacato. Adrián fue trasladado a una estación ubicada dentro del propio aeropuerto mientras avanzaba el protocolo.
Un arresto por desacato, no por un delito
La distinción es importante y las autoridades insistieron en ella. La Policía Nacional precisó, según reportó Infobae, que la medida ejecuta una sanción dictada por un juzgado de Cali y que no corresponde a una investigación penal en curso.
El desacato es una figura del derecho colombiano que se activa cuando un juez considera que alguien incumplió una orden dictada en el marco de una acción de tutela. No requiere una condena penal: basta con que el despacho constate el incumplimiento. La sanción puede incluir arresto y multa.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por Infobae, el proceso está vinculado a una acción impulsada por el médico Mario Angulo, mencionado por Adrián en el documental y en publicaciones posteriores. La información disponible indica que el director se negó a retirar el material de circulación, y de ahí derivaron las sanciones judiciales.
Viajó sabiendo que podían detenerlo
Adrián no llegó a Bogotá por sorpresa. Antes de abordar, grabó un video en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, que difundió Fundamento, la productora asociada al documental. Allí explicó que enfrentaba 10 días de arresto y una multa, y que aun así viajaría.
«Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo, porque yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días, pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles de tratamientos a los que nunca debieron de haber sido sometidos».
Samuel Adrián, en el video grabado en Panamá y difundido por Fundamento (citado por SEMANA)
En esa misma grabación afirmó: «No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados». Dijo que su defensa estaría a cargo de la firma Ogaz y Asociados, en México, y del equipo de Nueva Democracia, en Colombia, y pidió respaldo al Gobierno mexicano: «Espero que el gobierno de México me proteja».
Meses antes, durante una conferencia sobre libertad de expresión en el Congreso de México, ya había hablado del proceso. «Decir la verdad ahora es un delito. Tengo una orden de aprehensión en Colombia y una multa por 7.200 dólares», señaló entonces, según SEMANA. En el video de Panamá la multa fue descrita como el equivalente a 15 salarios mínimos mensuales colombianos.
El documental que encendió la disputa
«Colombia: Fábrica de Niños Trans» se publicó en YouTube el 17 de mayo de 2026. Dura 51 minutos y 53 segundos y acumula más de 3,2 millones de reproducciones y cerca de 244.000 «me gusta» en el canal del propio Adrián. Su descripción oficial lo define como «un documental de investigación que expone el avance de la agenda trans en menores dentro de Colombia».
La pieza incluye grabaciones atribuidas al doctor Mario Angulo sobre tratamientos aplicados a menores de edad. Ese material es, precisamente, el núcleo del pleito judicial: la tutela buscó primero frenar el estreno y después retirar el contenido de circulación.
Desde su publicación, el documental provocó reacciones encontradas en Colombia y México entre sectores políticos, organizaciones de derechos LGBTIQ+, profesionales de la salud y grupos que defienden posiciones distintas sobre estos procedimientos en menores.
De una sala de aeropuerto a la Casa de Nariño
El arresto se viralizó a partir de una publicación del escritor argentino Agustín Laje, director de la Fundación Faro. «Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso», escribió en X, y vinculó la decisión judicial con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El abogado Alejandro Carranza respondió públicamente rechazando esa lectura. Según indicó, la orden fue emitida por un juez de Cali dentro de un incidente de desacato derivado de la tutela presentada por Mario Angulo. «Dicho arresto fue emitido por un juez en Cali», escribió el jurista, cuestionando que se atribuyera una decisión judicial concreta al poder ejecutivo.
Horas después, el propio presidente Abelardo de la Espriella se pronunció desde su cuenta en X y convirtió el caso individual en una agenda legislativa.
«Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores. La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños».
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, en X
En el mismo mensaje, el mandatario añadió que «no podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales» y cerró con una frase que recorrió las redes: «En mi Gobierno, los niños son sagrados».
La otra lectura: «pánico moral», según sus críticos
El documental también ha sido objeto de cuestionamientos serios. En junio de 2026, la revista feminista Volcánicas publicó un análisis firmado por Andrés Forero Ordoñez que describe la pieza como «el rebranding de un pánico moral en tiempos electorales».
Según ese texto, el trabajo «forma parte de una estrategia de control narrativo en la que la identidad trans se usa como chivo expiatorio», y su circulación masiva contribuye a distorsionar la discusión pública sobre las personas trans. Es una postura contraria a la del director, pero forma parte del expediente público del caso y ayuda a entender por qué el documental desató un choque tan intenso.
Entre los dos extremos queda una pregunta técnica que ningún bando resuelve con consignas: qué protocolos médicos existen hoy en Colombia para menores con disforia o incongruencia de género, quién los autoriza, con qué consentimiento y con qué seguimiento clínico. Esa es la discusión que el presidente le trasladó al Congreso.
Por qué este caso importa más allá del personaje
Hay tres asuntos distintos enredados en un mismo titular, y conviene separarlos.
- El procedimiento judicial. Un juez ordenó un arresto por desacato tras una tutela de un particular. Es una decisión de la rama judicial, no una orden del ejecutivo.
- La libertad de expresión. El debate sobre si una tutela puede obligar a retirar un trabajo periodístico de circulación toca el corazón de la discusión sobre censura previa y responsabilidad ulterior.
- El fondo médico y legal. Qué pueden decidir un menor, sus padres y un médico sobre tratamientos con efectos potencialmente irreversibles, y quién fija esos límites.
Para las familias cristianas que siguen este caso desde Colombia, México y el resto de la región, la tentación será quedarse con el titular. Pero el expediente exige lo contrario: leer el fallo, entender la figura del desacato y exigir que la conversación sobre los niños se dé con evidencia y no solo con indignación. La prevalencia de los derechos de los menores, que el propio presidente invocó, es un principio constitucional antes que una bandera política.
Al cierre de esta nota, Samuel Adrián cumplía los 10 días de privación de la libertad dispuestos por el juzgado. Ni el Gobierno de México ni su equipo legal habían informado públicamente de gestiones consulares concretas.
